En el marco de los juicios por delitos de corrupción, el Ministerio Público Fiscal solicitó 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Así fue expuesto este jueves al mediodía, en el marco de la audiencia de alegatos que se realiza en los Tribunales de Paraná.
La Fiscalía lo consideró "autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública (tres hechos: Imprenta, Parador y Mercosur), delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (un hecho: transición Legajo 6399), delito de peculado; en total cinco hecho concurren entre sí de manera real". Además pidieron multas por "90 mil pesos en cada uno de los dos hechos con ánimo de lucro, totalizando la suma de 180 mil pesos más accesorias legales y costas".
Asimismo, la Fiscalía planteó el pedido de condenas para el resto de los funcionarios y allegados al actual embajador argentino en Israel y Chipre. Por un lado, respecto de Pedro Báez, entonces ministro de Comunicación y Cultura, también considerado "autor" en los hechos, solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, fue considerado "partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal (dos hechos: Imprenta y Parador) unidos todos ellos bajo las reglas del concurso real). Por ello, se pidió 10 años de prisión e inhabilitación.
La causa
Desde el 27 de septiembre último, en los tribunales provinciales se desarrolló un megajuicio que ventiló 5 causas por delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia entrerriana. Junto al exmandatario provincial, se juzgó la participación de exministros de sus gestiones, exfuncionarios públicos, familiares y empresarios.
Tres fiscales -Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, apartada de sus funciones y en proceso de jury después de iniciado el debate-, calcularon un desvío de dinero de las arcas públicas de más de 9 millones de dólares que, traducido a la actualidad, significan 1.000 millones de pesos, publicó Análisis.
