Una joven de 27 años se encadenó ayer en Tribunales exigiendo que se dé respuestas a su problema, que finalmente le fue solucionado. “Me separé hace seis años y mi pareja firmó el 50% del medio jornal que ganaba para comprar con la cuota alimentaria el 100% de los remedios; los remedios nunca me los pagó siendo que mi hijo tiene problemas de salud. Vengo a la Justicia, tengo todas las boletas de los remedios y nadie me da bolilla”, manifestó Brígida Noelia Deharbe, una joven de 27 años que se encadenó en el primer piso de Tribunales en Paraná para exigir que la Justicia intervenga y realice el trámite correspondiente para que el papá del niño de 6 años ceda la patria potestad al abuelo materno y éste lo pueda incorporar a su obra social. Durante la mañana, la defensora de Pobres y Menores Nº 1, Noelí Gabriela Ballhorst, convocó por la fuerza pública al padre y al abuelo paterno a una audiencia en la que, según informaron fuentes judiciales, se logró la guarda judicial y una cuota alimentaria que estará a cargo del abuelo paterno.
Deharbe cuestionó en duros términos a la Defensoría de Pobres y Menores, de la que opinó que “está mal denominada porque es Defensoría de ricos y menores, porque vine y no me dieron respuesta, me dijeron que tenía que poner un abogado particular, que tengo que pagar yo para hacer todos los trámites. El padre se niega a firmar ahora, siendo que es para la obra social”, precisó.
Sin embargo, Ballhorst precisó que en este caso se hizo todo lo que correspondía hacer y señaló que el trámite que requería la joven madre no debía tramitarse en la Defensoría sino en un Juzgado de Familia. En este sentido, desde la Justicia se aclaró que se dio una respuesta al reproche de la joven, que momentos antes manifestó que “ahora que tomé la decisión de encadenarme para que la Justicia haga algo, la cosa se está queriendo mover. Si no tomo esta decisión la Justicia no hace nada”.
La defensora también explicó que el caso “no es una cuestión de Defensoría. La última intervención de Defensoría en el expediente data del 2 de mayo de 2014 por la demanda por alimentos. La guarda judicial es ajena a lo que se comenzó a sustanciar en Defensoría. Hace un mes que presentó abogada, el 20 de agosto, nosotros no podemos saber que renunció a su representación, nunca renunció al patrocinio de su abogada. Pudo haber un mal entendido, algo que no le terminaron de explicar”. Ballhorst destacó que “sacar al padre de la patria potestad implica hacer un proceso judicial de guarda judicial que se tramita en un Juzgado, no se puede hacer acá. Se debe hacer un juicio donde el padre renuncia a la patria potestad y se la da a un abuelo, por ejemplo”.
El caso es paradigmático en cuanto exhibe el abismo de tiempo que separa los procesos judiciales de la necesidad de respuesta de gente de carne y hueso que está inmersa en un drama de hondo contenido social. Deharbe cuestionó que en el Copnaf le dijeron que “no pueden hacer nada, que tenía que venir a Tribunales”. Una vez allí, del Juzgado de Familia la derivaron a la Defensoría de Pobres y Menores, donde, según sostuvo, le informaron que debía contar con el patrocinio de un abogado particular. La joven se quejó de que no podía hacer frente a esa erogación porque se había quedado sin trabajo.
Por su parte, Ballhorst precisó que “hay varias aristas de esta situación, y lo primero que debo aclarar es que ella estaba con abogado particular, no es que ella está sin representación legal, tiene un abogado particular en este expediente que es una homologación de convenio de alimentos donde ella reclamaba alimentos al papá del nene. En este expediente iniciado en 2008 por distintos motivos derivados de la incapacidad del padre de hacer frente a su responsabilidad como padre fue renunciando a los distintos trabajos y ella no pudo cobrar nunca los alimentos. Ella quedó sin trabajo y queda eventualmente sin obra social”. La defensora también señaló que “el reclamo puntual de la chica, más allá de que desde 2008 tiene un reclamo de alimentos con una persona que uno desearía que vaya presa por no pagar los alimentos, es hacer una guarda donde el papá renuncia a la patria potestad y se la pasa al abuelo. El trámite que la Anses le pide es muy finito, y se lo pide porque hay casos en que el papá y la mamá están en negro y el abuelo incluía al nieto en la obra social. Después, la guarda tiene un montón de connotaciones jurídicas en cuanto a decidir la escuela para un hijo, en cuanto a tenerlo, a decidir su viaja o no, no es sólo en relación a incluirlo en la obra social”.
Francisco Franco, vecino de más de dos décadas de la familia de la joven madre, la acompañó en sus visitas a Tribunales para oficiar como un testigo de lo que le decían en los distintos organismos judiciales. El hombre calificó la situación de Deharbe como “el vía crucis de la madre soltera, separada, sin recursos” y en este sentido opinó que “en estas situaciones hay dos o tres cuestiones, los empresarios toman gente en negro y de ahí generan estas situaciones, en gran parte porque la gente joven tiene que seguir trabajando, salvo que haya otra cosa, entonces busca el recurso para evadir la responsabilidad legal y el empresario acepta esa situación. Al tomarlo en negro están fomentando estas situaciones”.
Deharbe cuestionó en duros términos a la Defensoría de Pobres y Menores, de la que opinó que “está mal denominada porque es Defensoría de ricos y menores, porque vine y no me dieron respuesta, me dijeron que tenía que poner un abogado particular, que tengo que pagar yo para hacer todos los trámites. El padre se niega a firmar ahora, siendo que es para la obra social”, precisó.
Sin embargo, Ballhorst precisó que en este caso se hizo todo lo que correspondía hacer y señaló que el trámite que requería la joven madre no debía tramitarse en la Defensoría sino en un Juzgado de Familia. En este sentido, desde la Justicia se aclaró que se dio una respuesta al reproche de la joven, que momentos antes manifestó que “ahora que tomé la decisión de encadenarme para que la Justicia haga algo, la cosa se está queriendo mover. Si no tomo esta decisión la Justicia no hace nada”.
La defensora también explicó que el caso “no es una cuestión de Defensoría. La última intervención de Defensoría en el expediente data del 2 de mayo de 2014 por la demanda por alimentos. La guarda judicial es ajena a lo que se comenzó a sustanciar en Defensoría. Hace un mes que presentó abogada, el 20 de agosto, nosotros no podemos saber que renunció a su representación, nunca renunció al patrocinio de su abogada. Pudo haber un mal entendido, algo que no le terminaron de explicar”. Ballhorst destacó que “sacar al padre de la patria potestad implica hacer un proceso judicial de guarda judicial que se tramita en un Juzgado, no se puede hacer acá. Se debe hacer un juicio donde el padre renuncia a la patria potestad y se la da a un abuelo, por ejemplo”.
El caso es paradigmático en cuanto exhibe el abismo de tiempo que separa los procesos judiciales de la necesidad de respuesta de gente de carne y hueso que está inmersa en un drama de hondo contenido social. Deharbe cuestionó que en el Copnaf le dijeron que “no pueden hacer nada, que tenía que venir a Tribunales”. Una vez allí, del Juzgado de Familia la derivaron a la Defensoría de Pobres y Menores, donde, según sostuvo, le informaron que debía contar con el patrocinio de un abogado particular. La joven se quejó de que no podía hacer frente a esa erogación porque se había quedado sin trabajo.
Por su parte, Ballhorst precisó que “hay varias aristas de esta situación, y lo primero que debo aclarar es que ella estaba con abogado particular, no es que ella está sin representación legal, tiene un abogado particular en este expediente que es una homologación de convenio de alimentos donde ella reclamaba alimentos al papá del nene. En este expediente iniciado en 2008 por distintos motivos derivados de la incapacidad del padre de hacer frente a su responsabilidad como padre fue renunciando a los distintos trabajos y ella no pudo cobrar nunca los alimentos. Ella quedó sin trabajo y queda eventualmente sin obra social”. La defensora también señaló que “el reclamo puntual de la chica, más allá de que desde 2008 tiene un reclamo de alimentos con una persona que uno desearía que vaya presa por no pagar los alimentos, es hacer una guarda donde el papá renuncia a la patria potestad y se la pasa al abuelo. El trámite que la Anses le pide es muy finito, y se lo pide porque hay casos en que el papá y la mamá están en negro y el abuelo incluía al nieto en la obra social. Después, la guarda tiene un montón de connotaciones jurídicas en cuanto a decidir la escuela para un hijo, en cuanto a tenerlo, a decidir su viaja o no, no es sólo en relación a incluirlo en la obra social”.
Francisco Franco, vecino de más de dos décadas de la familia de la joven madre, la acompañó en sus visitas a Tribunales para oficiar como un testigo de lo que le decían en los distintos organismos judiciales. El hombre calificó la situación de Deharbe como “el vía crucis de la madre soltera, separada, sin recursos” y en este sentido opinó que “en estas situaciones hay dos o tres cuestiones, los empresarios toman gente en negro y de ahí generan estas situaciones, en gran parte porque la gente joven tiene que seguir trabajando, salvo que haya otra cosa, entonces busca el recurso para evadir la responsabilidad legal y el empresario acepta esa situación. Al tomarlo en negro están fomentando estas situaciones”.
